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A aceleração da integração jurídica
e política de Hong Kong na República
Popular da China
The acceleration of the legal and political integration of
Hong Kong into the People’s Republic of China
La aceleración de la integración jurídica y política de Hong
Kong en la República Popular China
Juan Enrique Serrano Moreno1
DOI: 10.5752/P.2317-773X.2021v9.n3.p96
Recebido em: 25 de setembro de 2020
Aceito em: 29 de janeiro de 2021
R
Este artigo analisa os mecanismos jurídicos e institucionais responsáveis pela
aceleração da integração da Região Administrativa Especial de Hong Kong à Re-
pública Popular da China com base na análise crítica da literatura, regulamentos
e jurisprudência constitucional. A região foi considerada no passado um regime
experimental, semidemocrático e liberal, integrado na República Popular graças
à sua autonomia administrativa. No entanto, a crescente radicalização das
mobilizações nos anos 2010 causou um endurecimento da estratégia do governo
central, traduzido em uma profunda reforma do sistema político de Hong
Kong. Este estudo aponta para o quase m do enclave liberal de Hong Kong
com base no exame dos principais mecanismos usados para introduzir o modelo
de Estado de Direito socialista com características chinesas na região: a original
incongruência da ordem constitucional da região , tutela política do governo
central através do poder de interpretação da Lei Básica e da lei de segurança
nacional adotada em 30 de junho de 2020.
Palavras-chave: China. Estado de Direito. Democracia. Hong Kong. liberalis-
mo.
A
This article analyzes the legal and institutional mechanisms responsible for
the acceleration of the integration of the Hong Kong Special Administrative
Region into the People’s Republic of China based on the critical analysis of the
literature, regulations and constitutional jurisprudence. The region has been
considered an experimental, semi-democratic and liberal regime, integrated
into the People’s Republic thanks to its administrative autonomy. However, the
growing radicalization of the mobilizations in the 2010s has caused a hardening
of the central government’s strategy, translated into a profound reform of the
1. Universidad de La Frontera, Depar-
tamento de Ciências Jurídicas, CIDI.
Abogado y Doctor en Ciência Política
por la Universidad París 1 Panthéon-Sor-
bonne. Este trabajo ha sido financiado
por la ANID de Chile, proyecto Fondecyt
n. 11180248. juan.serrano@ufrotnera.cl
https://orcid.org/0000-0002-8466-1556
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Juan Enrique Serrano Moreno A aceleração da integração jurídica e políca de Hong Kong na República Popular da China
Hong Kong political system. This study points to the near end of the liberal
enclave of Hong Kong based on the examination of the main mechanisms used
to introduce the model of the socialist rule of law with Chinese characteristics
in the region: the original undenition of the constitutional order of the region,
political tutelage of the central government through the power of interpreta-
tion of the Basic Law and the national security law adopted on June 30, 2020.
Key words: China. Democracy. Hong Kong. Liberalism. rule of law.
R
Este artículo analiza los mecanismos jurídicos e institucionales responsables de
la aceleración de la integración de la Región Administrativa Especial de Hong
Kong en la República Popular de China a partir del análisis crítico de la literatu-
ra, normativa y jurisprudencia constitucional. La región ha sido considerada en
el pasado un régimen experimental, semidemocrático y liberal, integrado en la
República Popular gracias a su autonomía administrativa. Sin embargo, la cre-
ciente radicalización de las movilizaciones en la década de 2010 ha provocado un
endurecimiento de la estrategia del gobierno central traducida en una profunda
reforma del sistema político hongkonés. Este estudio apunta al próximo n del
enclave liberal de Hong Kong a partir del examen de los principales mecanis-
mos empleados para introducir del modelo de Estado de derecho socialista con
características chinas en la región: la inconcreción original del ordenamiento
constitucional de la región, la tutela política del gobierno central mediante el
poder de interpretación de la Ley Básica y la ley de seguridad nacional adoptada
el 30 de junio de 2020.
Palabras clave: China. Estado de derecho. Democracia. Hong Kong. Liberalismo
Introducción
Desde 2020, La Región Especial Administrativa de Hong Kong ex-
perimenta la mayor transformación institucional desde la devolución de
su soberanía, como excolonia británica, a la República Popular China en
1997. Tras la consolidación de la integración económica entre la región
autónoma y China continental en la década de los 2000, el gobierno chino
aceleró su integración jurídico-política y con ello, se inauguró un ciclo
de protestas de creciente intensidad. Conforme aumentó la exposición
del ordenamiento jurídico e institucional hongkonés al de China conti-
nental, se hizo evidente la difícil articulación entre el Estado de derecho
liberal y el “Estado de derecho socialista con características chinas” (LI,
2019). Las tensiones entre ambos modelos han alentado una ola de pro-
testas ciudadanas, iniciada en 2012 con las movilizaciones contrarias a la
introducción de la educación patriótica en las escuelas y que escaló en
2014, con el movimiento de los paraguas que revindicaba la extensión del
sufragio universal. Tras estas movilizaciones, una nueva generación de
actores políticos no pudo acceder a las instituciones debido a la creación
por el gobierno central en 2016 de un ltro ideológico de candidatos a las
elecciones favorables a la independencia o la autodeterminación, cuestio-
nando así el pluralismo político que caracterizada la sociedad hongkone-
sa (HUNG; IP, 2012). Más tarde, en 2019, las protestas contra al proyecto
de enmienda legislativa para crear un sistema de extradición de presos a
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China continental provocaron, primero, la parálisis de las instituciones
hongkonesas (CHAN, C., 2019; LO, 2020) y, segundo, la adopción de la ley
de seguridad nacional por el gobierno central profundizando la paulatina
reducción de libertades en la región (CHAN, J., 2018).
En este marco, este estudio analiza los principales mecanismos ju-
rídicos e institucionales empleados para desmontar la herencia liberal e
introducir el Estado de derecho socialista con características chinas en
Hong Kong, a partir de un análisis crítico de la literatura en derecho
y ciencia política y de la normativa y jurisprudencia constitucional. Se
ofrece así una contextualización de los conictos políticos presentes en
la región autónoma que, mientras escribimos estas líneas, contribuyen a
tensionar las relaciones diplomáticas entre China y las democracias oc-
cidentales. Para ello, examinaremos los tres factores institucionales que
explican la evolución del sistema político hongkonés: primero, las contra-
dicciones presentes desde su origen en la Ley Básica de la región, consi-
derada erróneamente y con frecuencia como “mini-constitución de Hong
Kong”; segundo, el mecanismo de interpretación de la Ley Básica por el
que se instauró un ltro ideológico de los candidatos a elecciones en 2016;
y, tercero, la ley de seguridad nacional adoptada el 30 de junio de 2020 que
representa la mayor reforma conocida por el sistema político hongkonés
desde su creación.
Un sistema político provisional
Los acuerdos alcanzados entre el Reino Unido y China en 1984
para descolonizar Hong Kong se tradujeron en la creación de la Re-
gión Administrativa Especial en 1997 dotada de una alta autonomía
administrativa –con una zona aduanera, políticas migratoria, moneta-
ria, scal propias, entre otras competencias exclusivas–, que debería no
verse alterada al menos hasta 2047 (CHEN, 2009; VOGEL, 2011, p. 477–
487). Durante los siguientes años, no pocos estudios de ciencia política
señalaron el “éxito” de la integración de la región en China continental
en la medida que le permitió conversar sus ventajas jurídicas e institu-
cionales como centro nanciero internacional clave para el desarrollo
económico de la provincia de Guangdong (RAMÓN-BERJANO; XIAO-
BIN; MING, 2011). Las instituciones hongkonesas obtenían así excelen-
tes resultados en los indicadores de gobernanza del Banco Mundial,
especialmente en lo que respecta las medidas anticorrupción, ecien-
cia del gobierno y calidad de la regulación (CHEUNG, A. B. L., 2012).2
Una parte de la literatura se interesó en la inuencia de Hong Kong en
China continental y la llegaron a considerarla un factor favorable a la
apertura y modernización económica e institucional de la República
Popular (CHEUNG, P. T. Y., 2011; LO, 2011; WU, 2008). Más allá de las
ciencias económicas y administrativas, también encontramos estudios
de ciencia política y area studies que argumentaban a favor del carácter
democrático o semidemocrático de la región basados en su sistema de
partidos, sociedad civil o instrumentos de participación ciudadana (LO,
2008, p. 8–18, 2015; BONIFACE; ALON, 2010).
2. Los indicadores de gobernanza de
la región de Hong Kong desde 2009
elaborados por el Banco Mundial se
encuentran disponibles en: http://
info.worldbank.org/governance/wgi/
Home/Reports.
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Juan Enrique Serrano Moreno A aceleração da integração jurídica e políca de Hong Kong na República Popular da China
Pese a correr el riesgo de caer en el anacronismo histórico, con-
sideramos que estos análisis han sido en gran medida desmentidos o al
menos matizados por la evolución del sistema político hongkonés en la
década de 2010. En realidad, el sistema hongkonés no puede ser consi-
derado como el producto de un diseño coherente o racional pues siem-
pre ha poseído una naturaleza transitoria y provisional fruto de acuer-
do pragmático para la descolonización del territorio concluido en un
contexto político internacional muy diferente del actual. Este hecho no
menor debiese haber invitado a cierta contención en los análisis que ca-
racterizan la región autónoma como un régimen híbrido, experimental
o semidemocrático, dotado de un Estado de derecho de tipo liberal. En
nuestra opinión, Hong Kong nunca llegó a ser un régimen semidemo-
crático debido a su carácter provisorio y su arquitectura constitucional
inacabada. En su ordenamiento constitucional abundan vacíos legales y
fórmulas genéricas, que han sido calicadas por algunos constituciona-
listas como “experimentales” (CHAN, J. M. M.; FU; GHAI, 2000, p. 4),
y que han facilitado en gran medida la reciente aceleración de su transi-
ción hacia el autoritarismo como veremos más adelante.
La inconcreción del ordenamiento constitucional hongkonés ha
sido especialmente agrante en lo relativo a la evolución de su sistema
de elección de representantes. La Ley Básica contempló que las elec-
ciones del Jefe del Ejecutivo y la totalidad de los miembros del órga-
no legislativo monocameral, Consejo Legislativo, debería ser denido
de manera “gradual y ordenada” siendo el “objetivo nal” el “sufra-
gio universal” (SERRANO MORENO, 2020, p. 188–190). En 2014, el
gobierno regional propuso al gobierno central una reforma del siste-
ma de elección del Jefe del Ejecutivo para avanzar hacia el sufragio
universal que no fue nalmente adoptada (HKSAR GOVERNMENT,
2014). Las restricciones impuestas a la propuesta por parte del Comité
Permanente de la Asamblea Popular Nacional (en adelante CPAPN)
en su decisión del 31 agosto de 20143 provocaron el rechazo entre los
representantes pertenecientes al bando prodemocracia y el proyecto de
enmienda de la Ley Básica que fue rechazado por Consejo Legislativo
el 18 de junio de 2015.
Este episodio obligó al gobierno central a explicitar su concepción
del principio de “un país, dos sistemas” débilmente desarrollado en la
Declaración Sino-británica de 1984 y en la Ley Básica. Para Beijing, este
modelo no implicaba la autonomía política comparable con la de otras
regiones de Estados unitarios asimétricos (BUHI, 2019; HENDERS,
2010). En cambio, para los actores políticos hongkoneses prodemocracia,
la Ley Básica representaba una suerte de mito fundacional de un Estado
de derecho de herencia británica que debía evolucionar hacía el sufragio
universal sin por ello cuestionar su pertenencia a la República Popular
China (CHAN, E.; CHAN, 2017; FONG, 2017). La expresión “un país,
dos sistemas” debe ser entendida por tanto como un signicante otante
lo sucientemente ambiguo para hacer coincidir posturas ideológicas a
priori incompatibles y cuya ecacia legitimadora ha disminuido con el
paso del tiempo (SCOTT, 2017).
3. Los pronunciamientos del CPAPN y el
resto de la normativa citada en este
artículo se encuentran disponibles en
inglés en la página web del Departa-
mento de Justicia de Hong Kong. Dis-
ponible en: https://www.elegislation.
gov.hk/.
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estudos internacionais • Belo Horizonte, ISSN 2317-773X, v. 9, n. 3, (set. 2021), p. 96-113
Poder de interpretación de la Ley Básica de la región
Otro aspecto que demuestra los vacíos legales del sistema político
hongkonés se encuentra en el poder de interpretación de la Ley Básica
otorgado al CPAPN. Nos encontramos en realidad ante el único mecanis-
mo que permite articular los ordenamientos jurídicos hongkonés y chino
y cuya función es garantizar el principio de primacía constitucional de la
Constitución de la República Popular China sobre los actos y las leyes de
la Región Administrativa Especial de Hong Kong adoptados en aplicación
de la Ley Básica. El art. 158 de la Ley Básica establece así que cuando los
tribunales hongkoneses estén llamados a pronunciarse sobre “casos que
sean de la responsabilidad del Gobierno Popular Central, o conciernan
la relación entre las Autoridades Centrales y la Región” deben solicitar la
interpretación de la Ley Básica al CPAPN. Una vez pronunciadas, las in-
terpretaciones del comité son vinculantes para los tribunales y la adminis-
tración (LIN, 2018). A primera vista, este mecanismo se puede asemejar
a un control de constitucionalidad de los actos y las leyes, comparable al
que podemos encontrar en otros Estados de derecho para garantizar el
principio de primacía constitucional, siendo especialmente frecuente en
aquellos sistemas donde coexisten varios ordenamientos jurídicos como el
que aquí nos ocupa. No obstante, esta comparación diculta la compren-
sión de su real funcionamiento y es imprecisa por las siguientes razones.
En primer lugar, va de suyo, el órgano encargado de interpretar
la Ley Básica, es decir, el Comité Permanente de la Asamblea Popular
Nacional de China (CPAPN), no es un órgano judicial. El régimen consti-
tucional chino, inspirado en la teoría legal marxista, tiene como máximo
órgano político la Asamblea Nacional Popular, órgano monocameral que
se reúne en una sesión anual y está dotado de competencias legislativas
ejecutivas y judiciales (CHEN, 2018, p. 45–62). Cuando la asamblea no está
reunida, su autoridad es ejercida por el CPAPN. El comité está compuesto
actualmente por 175 miembros y posee el poder de adoptar leyes, inter-
pretar la constitución y las leyes, velar por el respeto de la constitución,
supervisar el trabajo de los órganos del estado, entre otras prerrogativas
(LIN, 2010, p. 55–72). Sentado lo anterior, entendemos por qué las inter-
pretaciones de la Ley Básica pronunciadas por el comité sean tan cortas
en extensión –entre dos y siete páginas– y no incluyan un razonamiento
jurídico, sino que adoptan un estilo de redacción de tipo normativo. Por
tanto, la noción de “interpretación” debe ser aquí entendido no como apli-
cación sino como el desarrollo de las normas contenidas en la Ley Básica.
En segundo lugar, tan solo cinco interpretaciones han sido pronun-
ciadas entre 1997 y 2020. Esto se explica por la contención de los órganos
involucrados, pero también debido a que la prerrogativa para solicitar la
interpretación de la ley Básica no está debidamente reglada. Según esti-
pula el art. 158 de la Ley Básica, los tribunales hongkoneses, a través de la
Corte Final de Apelaciones, son los únicos que poseen esta potestad. Sin
embargo, de las cinco interpretaciones, dos fueron solicitadas por el go-
bierno central a iniciativa del gobierno regional y otras dos por el del pro-
pio comité, a través de su consejo de presidentes. Por ello, en la práctica,
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Juan Enrique Serrano Moreno A aceleração da integração jurídica e políca de Hong Kong na República Popular da China
el mecanismo de interpretación de la Ley Básica no puede ser comparado
en ningún caso a una cuestión prejudicial ni a un recurso o apelación que
puedan formar directa o indirectamente los ciudadanos.
En cuanto a la aplicación del mecanismo, cabe detenerse en la pri-
mera interpretación pronunciada por el CPAPN el 26 de junio de 1999 a
raíz de dos litigios sobre el derecho de extranjería (CHAN, J. M. M.; FU;
GHAI, 2000, p. 73–96). La Corte Final de Apelaciones de Hong Kong ha-
bía pronunciado el mismo año en las sentencias Ng Ka Ling y Chan Kam
Nga la inconstitucionalidad de las restricciones migratorias contenidas
en la ley que impedían a los hijos de hongkoneses residentes en China
continental obtener la residencia en la región autónoma, en concreto la
necesidad de la autorización previa emitida por las autoridades de la Re-
pública Popular. Estas sentencias causaron una gran polémica en China
continental. Cuatro profesores de derecho chinos que participaron en la
redacción de la Ley Básica criticaron la decisión de la Corte Final de Ape-
laciones armando que esta situaba a la justicia hongkonesa por encima
de la Asamblea Popular Nacional y convertía a Hong Kong en una “enti-
dad política independiente” (CHAN, J. M. M.; FU; GHAI, 2000, p. 73–74).
El Jefe del Ejecutivo hongkonés solicitó entonces una “claricación” al
gobierno central, que a su vez solicitó la interpretación al comité. El co-
mité consideró que las restricciones eran válidas y que la interpretación
de la Corte Final de Apelaciones de los artículos 22 y 24 de la Ley Básica,
relativos a la residencia permanente en Hong Kong, no fue consistente
con el espíritu de la norma reprochando a la corte que no solicitara la
interpretación al comité antes de dictar las sentencias.
También cabe mencionar la interpretación del 26 de agosto 2011, la
única pronunciada por el CPANP en aplicación literal del artículo 158 de
la Ley Básica tras la solicitud de la Corte Final de Apelaciones de Hong
Kong. Esta interpretación ha sido la menos polémica pues no afectaba los
derechos fundamentales de los ciudadanos hongkoneses. La corte envió
una consulta al CPANP antes de dictar sentencia en un caso relativo al
embargo de propiedades del personal de la República Popular del Congo
protegidos por la inmunidad diplomática otorgada por China. Como era
de esperar, el comité conrmó las conclusiones provisorias de la corte
estableciendo que la política exterior y los compromisos adoptados por la
República Popular China con otros Estados debían ser aplicados por los
jueces hongkoneses sin matices.
La interpretación con mayores consecuencias políticas fue la pro-
nunciada el 7 de noviembre 2016 cuyo origen se remonta al movimien-
to de los paraguas de 2014. Este movimiento fue desencadenado por
una campaña de llamamiento a la desobediencia civil “Occupy Central
with love and peace” lanzada por un grupo de académicos que invitaban
a paralizar el distrito nanciero hasta que no se implementara plena-
mente el sufragio universal (CHENG, E. W.; CHAN, 2016). Por tan-
to, el movimiento se origina y responde a la infructuosa aspiración
de reformar el sistema de elección del Jefe del Ejecutivo. Esta prime-
ra movilización escapó rápidamente del control de sus organizadores
dando lugar a la ocupación del distrito nanciero durante 79 días. El
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movimiento de los paraguas introdujo así en Hong Kong el repertorio
de “acción conectada”, caracterizado por el uso intensivo de internet,
la presencia de ciudadanos corrientes y la débil importancia de las or-
ganizaciones políticas y activistas, que emergía recientemente en otros
países (BENNETT; SEGERBERG, 2013; CASTELLS, 2013). El movi-
miento, que favoreció la politización de muchos jóvenes, sirvió para
impulsar la aparición en el campo político de una nueva opción ideoló-
gica denominada “localismo” que, desencantada con la moderación del
campo prodemocracia, promovió la independencia y en algunos casos
el uso de la violencia como mecanismo de protesta (CHENG, J. Y., 2014;
YUEN; CHUNG, 2018).
En este contexto, seis candidatos surgidos del movimiento de los
paraguas fueron elegidos en las elecciones legislativas del 4 de septiembre
2016. Como es habitual, antes de asumir sus escaños, los candidatos elec-
tos juraron la Constitución de la República Popular China y la Ley Básica
de Hong Kong; pero estos seis candidatos modicaron el juramento para
protestar contra China o declarar su lealtad a la “nación hongkonesa”
(SUMMERS, 2019, p. 77–102). Los juramentos fueron rechazados por la
presidencia de la cámara, cuatro de los candidatos los repitieron y fueron
aceptados, pero a dos de ellos no se les dio la posibilidad de repetir el jura-
mento debido a la gravedad de sus pronunciamientos previos en los que
se rerieron a China como “People’s Refucking of Chee-na”, empleando
el término xenófobo utilizado por el Imperio del Japón durante la segun-
da guerra sino-japonesa.
El gobierno regional llevó el caso ante la High Court of Hong Kong
y tres días antes del pronunciamiento de la sentencia, el CPAPN por ini-
ciativa propia emitió el 7 de noviembre 2016 la interpretación, de una
extensión tres páginas, del artículo 104 de la Ley Básica relativo a los ju-
ramentos para acceder al cargo de jueces, funcionarios y representantes
(ZHU; CHEN, 2019). El comité decidió que se debe considerar que re-
chazan el cargo las personas que no lean el juramento en los exactos tér-
minos establecidos en la ley o que realicen el juramento de “una manera
que no sea sincera o solemne”. Dado que las interpretaciones del CPAPN
son vinculantes, la Corte conrmó la legalidad de la prohibición de asu-
mir el escaño de dos de los seis candidatos electos que pronunciaron un
juramento diferente al ocial. Después, el gobierno regional obtuvo en
los tribunales la invalidación de la asunción del cargo de los cuatro can-
didatos restantes. La Corte Final de Apelaciones, el 15 febrero de 2019,
rechazó el recurso de uno de los candidatos contra dicha invalidación en
base a la interpretación del CPAPN. La interpretación de la Ley Básica del
CPAPN del 7 de noviembre 2016 ha tenido efectos más allá de instaurar
una obligación a jurar la constitución de manera literal, “sincera y solem-
ne” antes de asumir el cargo. Si bien no hay dudas sobre el efecto directo
que la interpretación tiene en los pronunciamientos de los tribunales, el
gobierno regional tuvo que innovar para actuar de acuerdo con ella. El
gobierno regional comenzó así a rechazar la inscripción de candidatos a
elecciones que hubieran emitido con anterioridad declaraciones públicas
que puedan arrojar dudas sobre la “sinceridad” y “solemnidad” de sus
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Juan Enrique Serrano Moreno A aceleração da integração jurídica e políca de Hong Kong na República Popular da China
juramentos a la Constitución de le República Popular China y a la Ley
Básica en caso de ser elegidos.
Cabe mencionar por último la disolución del residual Partido Na-
cional de Hong Kong fundado en 2016 con una ideología abiertamente
independentista. La disolución fue adoptada por el gobierno regional el
28 de septiembre de 2018, en base a los antecedentes de las declaraciones
públicas de su único dirigente conocido en las que defendía la indepen-
dencia y el empleo de la violencia. En este caso, el gobierno no aplicó la in-
terpretación del CPAPN para justicar su decisión puesto que el artículo 8
de la ley de asociaciones contempla la disolución de entidades que puedan
amenazar el orden público y los derechos de los ciudadanos. El recurso en
sede administrativa formado contra la disolución fue rechazado por el go-
bierno regional sin que los afectados intentaran acudir a la sede judicial.
Democracia militante o Estado de derecho socialista
Algunos autores han analizado estos límites a los derechos políticos
empleando el concepto de democracia militante proveniente del derecho
constitucional occidental (JING; QINGFENG, 2019). Siguiendo esta ló-
gica, el ltro de candidatos no implica necesariamente la existencia de
un régimen autoritario en Hong Kong. Estos análisis irían en la línea de
las consideraciones antes expuestas sobre la semidemocracia liberal del
régimen político sui generis de la región autónoma. Desde esta perspec-
tiva, el rechazo a inscribir candidatos y partidos que se hayan mostrado
públicamente a favor de la independencia de Hong Kong sería por tanto
comparable a los límites al pluralismo político que encontramos en países
como en Alemania o España, dos casos paradigmáticos de democracias
liberales que han adoptado mecanismos para la disolución de partidos
considerados como una amenaza para el orden constitucional. Alemania
fue la primera en hacerlo para impedir la vuelta del totalitarismo en la
década de los 1950 y España a partir de 2002 para lidiar con el terrorismo
independentista vasco. Discrepamos de esta postura pues los límites de
los derechos políticos impuestos desde 2016 en Hong Kong superan con
creces los que encontramos en otros sistemas liberales dado que en reali-
dad estos límites encuentran su origen en la teoría legal marxista.
Las limitantes de espacio no nos permiten profundizar en el origen
y evolución del concepto de democracia militante y en su lugar, nos limi-
taremos a entenderla como la doctrina por la que se justica medidas pre-
ventivas e iliberales que pretende evitar que la democracia sea destruida
por aquellos que buscan subvertirla por medios democráticos (MÜLLER,
2012; SAJÓ, 2004). Con todo, no existe un único modelo democracia mili-
tante. En realidad, no se trata de un concepto propiamente dicho sino una
doctrina que ha tenido una inuencia variable en diferentes democracias
liberales, según el país y la época, que debe ser estudiada concretamente
a partir de mecanismos de control de constitucionalidad de partidos y
de organizaciones y la jurisprudencia resultante. Sin embargo, debemos
reconocer que la inuencia de esta doctrina se ha ido reduciendo con los
años limitándose a contextos de violencia política y excluyendo los moti-
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vos ideológicos o programáticos como una justicación válida de medi-
das iliberales contra partidos extremistas (ZÚÑIGA URBINA, 2012). Esto
ha quedado patente en la jurisprudencia constante de la Corte Europea de
Derechos Humanos cuyos casos más emblemáticos en los últimos años
han sido originados a raíz de la “ilegalización” de partidos políticos inde-
pendentistas vascos en España.
Aunque la estructura político-administrativa de China no es com-
parable con la del caso español, tanto España como China comparten el
desafío de las tensiones independentistas, que para el primero, aumen-
taron desde el retorno de la democracia en 1978. Sin embargo, a dife-
rencia de lo que sucede en Hong Kong, en España, la modicación del
juramento a la constitución antes de asumir un cargo por parte de los
representantes elegidos democráticamente ha sido una práctica habitual
y que no ha signicado la privación de los derechos políticos. En su lugar,
tal comportamiento puede ser entendido como coherente con el siste-
ma de ideas que deenden los representantes políticos en el marco de
unas instituciones ideológicamente neutras. A este respecto, en 1983 el
Tribunal Constitucional español (STC 101/1983, 18 noviembre) se pro-
nunció sobre este hecho inaugurando una jurisprudencia constante. El
alto tribunal desestimó el recurso de amparo formado por dos diputados
del partido independentista vasco Herri Batasuna que se negaron a jurar
acatar la Constitución por lo que la mesa del Congreso de Diputados no
les entregó el acta de diputado. El tribunal estableció que el juramento
“no supone necesariamente una adhesión ideológica (a la Constitución)
ni una conformidad a su total contenido” por parte de los representantes,
sino “la exteriorización del deber positivo de respeto a la Constitución
inherente al cargo público”. Por tanto, si bien el juramento es obligatorio,
el principio del pluralismo político y la libertad ideológica reducen su con-
tenido a un genérico compromiso de respetar las leyes. Desde entonces se
popularizó la fórmula “juro por imperativo legal respetar la Constitución
del Estado Español” y otras variantes, antes de asumir el cargo por parte
representantes que buscan reformar la Constitución o abrir un proceso
constituyente. Esta postura se remonta a la voluntad de los constituyentes
de 1978 de no importar a España la doctrina de la democracia militante
(CORCUERA ATIENZA; VÍRGALA FORURIA; TAJADURA TEJADA,
2008; MONTILLA MARTOS, 2004, p. 11). Durante la transición a la de-
mocracia, la retórica de la reconciliación y la elevación del principio de
pluralismo político fue una de las claves del éxito de las negociaciones
y favoreció el rechazo a cualquier intento que implementara un control
constitucional externo y de tipo ideológico de los partidos políticos como
el que encontramos la Ley Fundamental de la República Federal de Ale-
mania. Y ello pese al riesgo de alentar opciones políticas basadas en una
concepción procedimental de las instituciones democráticas que, más tar-
de, en contexto de violencia terrorista nacional e internacional, pasaron a
ser consideradas una amenaza para el Estado de derecho.
Así las cosas, en 2002, España adoptó una nueva ley orgánica de par-
tidos políticos (LO 6/2002) estableciendo un procedimiento especial judi-
cial para la ilegalización de partidos y el rechazo de inscripción de candi-
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Juan Enrique Serrano Moreno A aceleração da integração jurídica e políca de Hong Kong na República Popular da China
daturas que introdujo parcialmente la doctrina de la democracia militan-
te en su ordenamiento jurídico (TAJADURA TEJADA, 2004; VÍRGALA
FORURIA, 2013). Esta ley tipicó una serie de conductas que persiguen
“deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o elimi-
nar el sistema democrático” (art. 9) tales como expresiones públicas que
legitimen la violencia política, o la ausencia de condena explícita de ésta,
apoyar públicamente organizaciones terroristas, utilizar sus símbolos y
mensajes etc. El legislador español buscó así excluir de las instituciones
a los representantes que, sin ser necesariamente autores de infracciones
penales que causaran una inhabilitación, pudieran alimentar discursiva y
ideológicamente la violencia política en la sociedad y por ende poner en
riesgo la convivencia pacíca. Este límite al derecho al sufragio pasivo y el
derecho de asociación fue avalado más tarde por la Corte Europea de De-
rechos Humanos que conrmó su jurisprudencia previa en las sentencias
“Herri Batasuna and Batasuna vs Spain” del 30 de junio 2009 y “Spain vs
ANV” del 15 de enero 2013 (TAJADURA TEJADA, 2008). La corte consi-
deró que las sentencias recurridas del Tribual Constitucional español por
las que se “ilegalizaron” dos partidos políticos herederos de Herri Batasu-
na estaban ajustadas al respeto de los derechos fundamentales.
A diferencia de lo que sucede en Hong Kong, para la Corte Europea
de Derechos Humanos el límite al derecho al sufragio y la libertad de
asociación se justica por la legitimación pública de la violencia política
y no las opciones ideológicas favorables a la independencia, secesión o
autodeterminación de un territorio. Por tanto, el caso de Hong Kong se
encuentra entonces a las antípodas de este razonamiento alejándose de
la doctrina de la democracia militante entendida como una excepción al
liberalismo necesaria en contextos marcados por experiencias totalitarias
o terroristas. La interpretación del CPAPN de 2016 ha instaurado una me-
dida preventiva consistente en un ltro de tipo ideológico para descartar
a los candidatos sobre los que pueda caber alguna sospecha que han sido
o son favorables a la independencia, sin entrar a considerar si condenan o
legitiman la violencia. Este mecanismo no puede ser considerado como
una excepción justicada y proporcional adoptada por una democracia o
una semidemocracia liberal para defenderse contra aquéllos que quieren
destruirla. En realidad, consideramos que los límites a los derechos po-
líticos en Hong Kong no son asimilables a la democracia militante, sino
que en realidad reejan la dicultad que supone mantener un régimen
político y legal autónomo inspirado en el liberalismo dentro de un Estado
de derecho socialista y autocrático.
Mucho se ha escrito sobre la “larga marcha hacia el Estado de de-
recho” de la República Popular China (CHEN, 2012; PEERENBOOM,
2002), cuestión que desborda el objeto de este estudio. Con todo, cabe
señalar brevemente que, desde la creación de la República Popular China,
la concepción del sistema legal (fazhi, ) ha transitado desde la teoría le-
gal marxista clásica y el modelo soviético a una teoría propia desde 1978,
sintetizada en la expresión “gobernar el país de acuerdo a la ley” (yifa
zhiguo, ), que sirvió de base a las reformas para reducir el ejercicio
personalista del poder que marcó la Revolución Cultural, aumentar la
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institucionalización de los aparatos del Estado e introducir la economía
de mercado socialista (LI, 2019, p. 21–47). Tras la llegada al poder de Xi
Jinping en 2012, se abrió una nueva etapa con la adopción ocial de la
“teoría del Estado de derecho socialista con características chinas” en la
decisión del IV Pleno del XVIII Congreso Nacional del Partido Comunis-
ta de China del 20 al 23 de octubre de 2014. Esta decisión representa la
primera vez en la historia del Partido Comunista Chino y de la República
Popular China en la que una reunión plenaria del partido abordó la cues-
tión del Estado de derecho (LI, 2019, p. 34).
La teoría legal marxista se ve así actualizada y adaptada a la tra-
yectoria histórica actual del desarrollo económico y social chino desde
la perspectiva del materialismo histórico. La concepción del Estado de
derecho socialista poco tiene que ver con sistema legal basado en el de-
recho positivo autónomo, como encontramos en los sistemas liberales,
sino como un sistema basado en una serie de principios orientadores de-
pendientes del proyecto político de construcción de una nueva sociedad
bajo el liderazgo del Partido Comunista de China. Tal y como arma el
académico del Instituto de derecho de la Academia China de Ciencias
Sociales Lin Li, “promover la gobernanza a través de la ley de una manera inte-
gral nunca debilitará el liderazgo del Partido Comunista de China, sino que, por
el contrario, reforzará la base gobernante, fortalecerá la autoridad gobernante,
mejorará la capacidad gobernante y elevará el nivel de gobernanza del Partido
Comunista de China” (LI, 2019, p. 5). A mayor abundamiento, la teoría san-
cionada en el XVIII Congreso Nacional del Partido Comunista de China
profundiza la concepción marxista original del derecho como relación de
dominación. Esta teoría viene así a legitimar discursivamente la creciente
penetración del Partido Comunista de China en el Estado desde la llegada
al pode de Xi Jinping (TREVASKES, 2018, p. 348). Así las cosas, el Estado
de derecho socialista y el liderazgo del partido son considerados dos con-
ceptos indisociables. El aumento del peso del derecho en la instituciona-
lización de autoridades vendría así a reforzar el poder del partido con el
objetivo explícito de avanzar en la modernización del sistema de gober-
nanza y alcanzar así el “sueño de revitalización de la nación china”. Estas
consideraciones permiten entender la base ideológica que inspiraron los
límites a los derechos políticos impuestos Hong Kong desde 2016. En este
contexto, el pluralismo político presente en la región autónoma represen-
ta una suerte de excepción transitoria, fruto de los acuerdos diplomáticos
pasados, cuya estabilidad en el tiempo no está garantizada. Al contrario,
el pluralismo queda supeditado al mantenimiento del orden público y la
“seguridad nacional”.
El movimiento anti-extradición y la ley de seguridad nacional
Desde el punto de vista de la sociedad civil hongkonesa, el poder de
interpretación de la Ley Básica por parte del CPANP impidió el acceso a
las instituciones de una nueva generación política, socializada en valores
liberales, lo que contribuyó a la radicalización de las protestas tal y como
observamos en 2019 (YUEN, 2018; YUEN; CHENG, 2018). Sobre el origen
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Juan Enrique Serrano Moreno A aceleração da integração jurídica e políca de Hong Kong na República Popular da China
de estas protestas, debemos comenzar señalando que la Ley Básica no re-
gula las competencias relativas a la seguridad nacional. El artículo 23 de la
Ley Básica se limita a establecer que las autoridades hongkonesas deberán
adoptar las leyes necesarias para garantizar la persecución penal de actos
de “traición, secesión, sedición y subversión contra el gobierno central” y
prevenir actividades de organizaciones políticas extranjeras en la región.
En 2003, el gobierno regional intentó adoptar la ley de seguridad nacional
provocando la mayor movilización ciudadana desde la manifestación de
apoyo a las protestas de los estudiantes en Tiananmén en 1989 (LO, 2008,
p. 151–183). Diversos grupos de la sociedad civil consideraron la ley una
amenaza a sus derechos y libertades civiles y reunieron alrededor de me-
dio millón de personas en una marcha pacíca el 1 de julio 2003. Tung
Chee-wha, el primer Jefe del Ejecutivo de la región, anunció dos meses
después el abandono del proyecto de ley ante la falta de la mayoría en el
Consejo Legislativo y dimitió dos años más tarde.
Los siguientes gobiernos regionales no intentaron adoptar la ley de
seguridad nacional hasta que el gobierno central hizo lo propio el 30 de
junio de 2020. La decisión del gobierno central, adoptada en plena pan-
demia cuando las protestas se habían reducido en Hong Kong, debe ser
entendida como una respuesta al bloqueo de las instituciones de la re-
gión. En el verano de 2019, la escalada de las protestas contra el proyecto
de enmienda legislativa para permitir la extradición de presos a China
continental alcanzó un grado de violencia entre policía y manifestantes
inédito (LO, 2020). La perseverancia del gobierno en no retirar el proyec-
to hasta el 4 de septiembre y la indignación ante una represión policial
sin precedentes (PURBRICK, 2019) contribuyeron a transformar el movi-
miento de anti-extradición, esencialmente pacíco y basado en marchas
multitudinarias, en una revuelta antiautoritaria abiertamente violenta
(LEE et al., 2019). Entre los actos más graves destacaron el ataque y ocu-
pación del Consejo Legislativo y el ataque a la fachada de la Ocina de
Enlace del gobierno central el 1 y 21 de julio respectivamente; la agresión
a manifestantes por parte de las tríadas en la estación de metro de Yuen
Long el 27 de julio; y el sitio por la policía al campus de la Universidad Po-
litécnica en la que se refugiaron manifestantes del 17 al 29 de noviembre
y que durante el cual más de mil personas fueron detenidas.
Estos acontecimientos contribuyeron a polarizar las posiciones polí-
ticas previas dando lugar a un bloqueo del Consejo Legislativo hongkonés.
Los miembros del consejo pertenecientes al bando prodemocracia adop-
taron prácticas de libusterismo parlamentario tales como ausentarse de
las reuniones para no alcanzar el quorum de la cámara, o interrumpirlas
directamente, o bloquear la renovación de la mesa de la cámara (House
Committe) y las comisiones parlamentarias.4 De cara a las elecciones le-
gislativas previstas para septiembre 2021, después de ser aplazadas un año
por la pandemia, los políticos prodemocracia han anunciado además que
en caso de obtener la mayoría de los escaños bloquearán el presupuesto
anual.5 Para aumentar sus posibilidades de éxito, se organizaron el 11 y 12
de julio 2020 unas elecciones primarias con candidatos prodemocracia y
localistas con un récord de participación próximo a 600.000 electores.
4. Para más detalles, ver el reportaje
periodístico: “Bickering, scuffling and
deadlock: Hong Kong’s legislature
brings stormy term to a close”, Sou-
th China Morning Post, 18 de julio
2020. Disponible en: https://www.
scmp.com/news/hong-kong/politics/
article/3093722/bickering-scuffling-
-and-deadlock-hong-kongs-legislature
(visitado el 29 de julio 2020).
5. Ver noticia “Hong Kong Delays Elec-
tion, Citing Coronavirus. The Opposition
Isn’t Buying It”, The New York Times,
31 de julio 2020. Disponible en: https://
www.nytimes.com/2020/07/31/world/
asia/hong-kong-election-delayed.html
(visitado el 31 de julio 2020).
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En este nuevo escenario, la adopción de la ley de seguridad nacional
por parte de las instituciones hongkonesas dejó de ser una tarea compleja
políticamente para convertirse en algo prácticamente imposible. El go-
bierno central decidió entonces adoptar esta ley que, según sus autores,
termina con los “vacíos legales”, deende el principio de “un país dos siste-
mas” y pone “una espada” sobre “la minoría que amenaza la seguridad na-
cional”.6 Es demasiado pronto para medir en detalle el alcance que tendrá
la aplicación del texto, pero podemos indicar los elementos principales que
afectan el ejercicio de derechos y libertades y el funcionamiento del siste-
ma político hongkonés. Ante todo, hay que destacar que la ley representa
una reforma constitucional de facto pues está dotada del mismo rango
normativo que la propia Ley Básica. El artículo 62 establece que el texto
prevalece sobre las leyes ordinarias de la región y el artículo 65 conere el
poder de interpretación de la ley al CPAPN como sucede con la Ley Básica.
Como era de esperar, el texto crea nuevas infracciones penales –se-
cesión, rebelión, colusión con agentes extranjeros, terrorismo y apología
del terrorismo– que requieren en su mayoría la realización de acciones
violentas contra bienes y/o personas, tal y como sucede en cualquier Es-
tado de derecho. Sin embargo, sus efectos sobre la libertad de expresión
y de asamblea superan con creces a los que podemos observar en otros
ordenamientos jurídicos por las siguientes razones. Los artículos 21 y 23
de la ley establecen que la persona que “incite” a cometer los delitos de
rebelión o secesión respectivamente podrá ser condenada a hasta 10 años
de cárcel. Estos delitos de incitación pueden ser originados por tanto por
declaraciones públicas orales o escritas pronunciadas por cualquier indi-
viduo, sea un personaje público o no, en una manifestación, redes sociales
o medios de comunicación. Como ejemplo de ello, el día siguiente a la
adopción de la ley de seguridad nacional, durante la manifestación del 1
de julio de 2019, que se celebra cada año en el aniversario de la devolu-
ción de la soberanía, la policía arrestó a cinco personas por el contenido
de sus pancartas.7 El 2 de julio el gobierno regional publicó un comuni-
cado informando que reproducir en público en pancartas o cánticos el
eslogan “Liberad Hong Kong, la revolución de nuestra era”, popularizado
en las redes sociales y en las marchas anti-extradición, “connota la inde-
pendencia de Hong Kong” y constituye por ello un delito de incitación a
la rebelión y/o secesión (THE GOVERNMENT OF THE HKSAR, 2020).
Por otro lado, las acciones consideradas dentro del delito de colusión con
fuerzas extranjeras, previstas en el artículo 29 de la ley, van más allá de
las tradicionales actividades de espionaje y conspiración, al incluir el “pro-
vocar el odio” hacia los gobiernos central y regional y participar en la
imposición de sanciones contra China desde el extranjero. El campo de
aplicación de la ley es probablemente su aspecto más controversial. La ley
incluye expresamente a organizaciones y empresas, tales como medios de
comunicación extranjeros, además de contemplar la posibilidad de impu-
tar estos delitos a ciudadanos extranjeros y hongkoneses por actos come-
tidos fuera del territorio chino (arts. 37 y 38). Así, personas nacionales o
extranjeras que pisen suelo chino podrían en teoría ser acusadas por ha-
ber realizado declaraciones públicas desde el extranjero que hasta ahora
6. Ver discuso del Director de Oficina
de Enlace del gobierno central en Hong
Kong: “Liaison Office director: Security
law a ‘guardian’ for HK residents”,
China Daily, 1 de julio 2020, https://
www.chinadaily.com.cn/a/202007/01/
WS5efc172da31083481725670d.
html (visitado el 29 de julio 2020). Ver
también noticia “National security law
will uphold ‘one country, two systems’
in Hong Kong, top Beijing official says”,
South China Morning Post, 1 de julio
2020. Disponible en: https://www.
scmp.com/news/hong-kong/politics/
article/3091307/national-security-law-
-will-plug-hong-kong-loopholes (visitado
el 29 de julio 2020).
7. Ver el post de la cuenta oficial de
Twitter de la Policía de Hong Kong
donde fotos de la bandera donde se
lee “Hong Kong independence” de
una persona arrestada en la marcha
del 1 de julio de 2020. Disponible en:
https://twitter.com/hkpoliceforce/
status/1278201222457987073?s=12
(visitado el 29 de julio 2020).
109
Juan Enrique Serrano Moreno A aceleração da integração jurídica e políca de Hong Kong na República Popular da China
entraban dentro del ejercicio de la libertad de expresión en Hong Kong.
Nos referimos por ejemplo a declaraciones a favor de la independencia,
llamados a participar en manifestaciones o concentraciones sin autori-
zación o defender la imposición de sanciones contra China por parte de
gobiernos extranjeros.
Desde el punto de vista institucional, cabe destacar el poder que
la ley otorga al Jefe del Ejecutivo para nombrar a los jueces encargados
de juzgar estos nuevos delitos (art. 44). El legislador justica esta medida
debido a la presencia de jueces extranjeros en Hong Kong que podrían
verse afectados por una “doble lealtad”. En los hechos, esto podría crear
un nuevo ltro ideológico de los jueces, basado en la misma lógica del
sistema de elección del Jefe del Ejecutivo que garantiza que solo puedan
ocupar este cargo un “patriota” hongkonés. Esto pondrá a prueba la inde-
pendencia judicial tan celebrada en el pasado, poniendo un enorme peso
en los hombros de los jueces formados en el common law.
Por otro lado, la ley crea nuevos organismos públicos que represen-
tan la mayor excepción hasta la fecha del principio general “los hongkone-
ses gobiernan Hong Kong”. La recién creada Ocina para la Salvaguarda
de la Seguridad Nacional, quedará encargada de las tareas de inteligencia,
estará compuesta por funcionarios chinos y en algunos casos extremos
tendrá competencia para investigar la comisión de delitos y elevarlos al
sistema judicial de China continental (art. 55). La ley contempla por tanto
la posibilidad de que ciertos delitos cometidos en suelo hongkonés sean
juzgados en China continental, algo inédito hasta la fecha, si bien esto
solo se limita a situaciones de emergencia y amenaza a la integridad na-
cional. El texto también crea una división especial de scales encargados
de instruir los casos relativos a la seguridad nacional cuya nominación
deberá ser aprobada por el mencionado comité (art. 18). Además, la ley
crea un departamento especializado dentro de la policía que podrá con-
tratar a personal de “fuera de Hong Kong” (art. 16) abriendo la puerta a la
incorporación de funcionarios chinos.
En la misma dirección, la ley de seguridad nacional también crea
un Comité para la Salvaguarda de la Seguridad Nacional encargado de
coordinar y proponer políticas públicas, cuyas reuniones no son públicas,
está compuesto por los miembros clave del gobierno regional y presidi-
do por el jefe del Ejecutivo. Además, en el comité también participará un
“asesor” nombrado por el gobierno central (art. 15). El 3 de julio de 2020,
el Director de la Ocina de EnlaceLuo Huining fue nombrado para este
cargo.8 Los asuntos incorporados en la noción de seguridad nacional son
tan amplios que el Director de la Ocina de Enlace pasa a convertirse de
facto en un órgano clave en el poder ejecutivo hongkonés. Esto supone
una centralización de competencias y también el n del mayor vacío le-
gal del sistema hongkonés en cuanto a la coordinación entre el gobierno
central y el regional, pues las atribuciones de la Ocina de Enlace no se en-
contraban regladas hasta ahora en ningún texto legal. De hecho, como su
nombre sugiere, esta ocina era una rémora de la diplomacia de la época
colonial. La aplicación de la ley ha aumentado así los poderes del Director
de la Ocina de Enlacecomo representante del gobierno central que hasta
8. “China appoints adviser to Com-
mittee for Safeguarding National
Security of HKSAR”, China Daily, 3
de julio 2020, http://www.chinadaily.
com.cn/a/202007/03/WS5efeb-
21fa3108348172570e0.html (visitado el
29 de julio 2020).
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estudos internacionais • Belo Horizonte, ISSN 2317-773X, v. 9, n. 3, (set. 2021), p. 96-113
ahora actuaba como una suerte de “prefecto informal”. Podemos armar
por tanto que la ley de seguridad nacional ha modicado profundamente
el equilibrio de poder entre los diferentes órganos públicos de la región.
La ley contempla otros aspectos de tipo programáticos que deberán
orientar la agenda legislativa y las políticas públicas de la región. Entre
ellos destaca la regulación y supervisión de “asuntos relativos a la segu-
ridad nacional incluyendo aquellos relativos a colegios, universidades,
organizaciones sociales, medios de comunicación e internet” (art. 9). La
implementación de este objetivo genérico no puede ser prejuzgado, pero
en teoría podría llegar a contemplar la posibilidad de incluir a Hong Kong
dentro del “Great Firewall”, la red de internet semi-cerrada al resto del
mundo presente en China continental, lo que privaría a los activistas de
su principal recurso de movilización. También cabe esperar la adopción
de nuevas medidas que afecten al personal de la educación primaria, se-
cundaria y superior, lo que podrá reforzar la educación patriótica en las
escuelas y reducir la autonomía académica de las universidades.
Conclusión
En la segunda mitad de la década de 2010, las movilizaciones en
Hong Kong se han multiplicado hasta alcanzar tintes revolucionarios
provocando el endurecimiento de la estrategia del gobierno central cul-
minada con la adopción de la ley de seguridad nacional el 30 de junio de
2020. Esta ley, pese a representar la mayor reforma del sistema político
hongkonés desde la creación de la región, no hace más que continuar la
estrategia de largo plazo del gobierno central para la integración de la
región autónoma iniciada en 1997 y que deberá culminarse en 2047. Nos
encontramos por tanto a mitad del camino trazado por los acuerdos para
la descolonización del territorio y todo parece indicar que el gobierno
central ha decidido acelerar la integración jurídica y política de la región,
sin duda la tarea más compleja de este proceso.
Este estudio apunta que, contrariamente a lo sostenido en el pa-
sado por parte de la literatura, los vacíos legales en la Ley Básica no han
garantizado la continuidad de un sistema semidemocrático experimental
y de inspiración liberal. Al contrario, la inconcreción original del ordena-
miento constitucional hongkonés, reejada en el signicante otante “un
país, dos sistemas”, ha facilitado en gran medida la transición de sistema
político hongkonés del liberalismo al autoritarismo. Del mismo modo,
el poder de interpretación de la Ley Básica permitió la creación en 2016
de un ltro ideológico preventivo que impede que candidatos indepen-
dentistas utilicen la ya de por sí reducida autonomía política de la región.
Tal y como hemos señalado, estos límites al sufragio pasivo y activo no
pueden ser entendidos como una medida excepcional asimilable a la doc-
trina de la democracia militante. Estos límites encuentran en realidad su
origen en realidad en la teoría del Estado de derecho socialista con ca-
racterísticas chinas que, desde 2014, ha contribuido a consolidar el poder
del Partido Comunista de China. Más tarde, si bien la ley de seguridad
nacional palió el vacío legal de la Ley Básica en materia de orden público
111
Juan Enrique Serrano Moreno A aceleração da integração jurídica e políca de Hong Kong na República Popular da China
y actividades de inteligencia, el texto ha profundizado la reducción de las
libertades y el pluralismo político a los que la sociedad hongkonesa es-
taba acostumbrada. Estos son, en denitiva, los principales mecanismos
jurídico e institucionales que hacen posible el desmantelamiento de la
herencia liberal del sistema político hongkonés. Un proceso que deberá
culminar en 2047 y que no estará exento de conictos y adaptaciones, por
parte de actores dentro de China como en el extranjero, que deberemos
seguir observando para entender las dinámicas de las relaciones entre la
República Popular y las democracias liberales.
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